"Si hay piqueteros por donde deben pasar las urnas, el lugar se tiene que liberar sí o sí", afirmaron las fuentes, en un inconfundible mensaje que el gobierno, a través de los caminos legales pertinentes y las fuerzas competentes, está dispuesto a "reprimir" o bien "detener" a quienes obstaculicen el tránsito de los vehículos con los votos. En ese marco, agregan que "va a tener prioridad absoluta el hecho comicial" porque "esa es la obsesión del presidente Duhalde". 

Hasta el momento, la política oficial se seguridad, respecto de las diversas fracciones del movimiento piquetero, se ha sustentado en la presencia de efectivos uniformados pero sin actuar, con la finalidad de evitar enfrentamientos directos con los manifestantes. 

La actitud oficial derivó en la celebración de marchas piqueteras como pocas veces en la historia argentina, protagonizadas, en algunos casos, aún por unos pocos activistas. 
 
Inacción
La "inacción" de parte de efectivos de la policía y, en casos, de la Gendarmería Nacional, ha sido severamente cuestionada por algunos sectores de la oposición pero defendida a rajatabla por representantes de la áreas políticas y de justicia del gobierno nacional. 

"Hagan lo que hagan, si es que lo hacen, el domingo las urnas igual van a pasar", dijeron desde lo más alto del oficialismo, donde, a su vez, reiteraron la voluntad de utilizar los "vehículos que hagan falta" para el transporte de las urnas. "¿Incluyendo helicópteros?", preguntó la agencia DyN, a lo que la respuesta fue afirmativa. 

El Comando Nacional Electoral que depende del Poder Ejecutivo Nacional durante el desarrollo del acto comicial, subordina a efectivos de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y Policiales, desde cinco días antes y hasta cinco días después de las elecciones. 

El despliegue de efectivos, de acuerdo con los datos recogidos alcanzará a los 85.200 en todo el país. Unos 26.000 uniformados serán aportados por el Ejército, 4.200 por la Armada, 4.500 por la Fuerza Aérea, 4.000 por la Gendarmería, 3.800 por la Prefectura, 7.700 por la Policía Federal y 35.000 efectivos provinciales. Se utilizarán, en tanto, 7.500 vehículos terrestres, 15 aéreos y 11 navales.