Sáenz interpuso un recurso extraordinario para que la Corte revierta el fallo de la Cámara Federal que el año pasado confirmó la decisión del juez Claudio Bonadío, quien había declarado la invalidez de las leyes 23.492 De Punto Final y 23.521 De Obediencia Debida. El fiscal entendió además que el máximo Tribunal debería declarar la prescripción de esta causa en razón de que han "transcurrido más de 20 años" de los hechos, ya que alguno de los episodios investigados datan de 1978 y otros de febrero y marzo de 1980. 

La resolución de la Cámara que este fiscal quiere revertir, se dio en el marco del expediente en que se revelaron los secuestros y desapariciones de un grupo de montoneros ocurridos a principios de 1980 y por el que fue procesado con prisión preventiva el ex jefe del Ejército Cristino Nicolaides. 

Tanto el juez Bonadío como la Cámara sustentaron su decisión en normas de tratados internacionales incorporados a la Constitución, y señalaron que esas dos leyes constituyen un "obstáculo" para que la Argentina pueda cumplir con sus obligaciones internacionales. 

Normas internacionales
Sin embargo, para el fiscal las normas internacionales no pueden estar por encima de la Constitución y recordó que el propósito de los legisladores al dictar esas leyes fue el de "afianzar la unidad nacional y asegurar la paz interior", lo cual "se ha cumplido en gran parte", según indicó. 
 
"Las Fuerzas Armadas se han incorporado masivamente a la vida de la Nación en el más absoluto respeto de las instituciones. Ni a la mente más trasnochada se le ocurriría aspirar a una vuelta al pasado. La doctrina de la seguridad nacional quedó enterrada", manifestó el fiscal en el texto que lleva su firma. 

La Corte Suprema tiene pendiente de resolución el llamado "caso Astiz" una de las causas que tiene como punto central estas leyes de perdón sancionadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín y que podría definirse en las próximas semanas. 
 
El fiscal mencionó que la Corte en el fallo "Camps" declaró la validez de las leyes y destacó que las normas fueron "leyes de amnistía dictadas por un gobierno democrático y por los órganos constitucionales"; las mismas están "alejadas" de "cualquier autoamnistía explícita o encubierta".