De esta manera, según el texto aprobado, el Cuerpo resolvió a convocar a la Sala Acusadora para el próximo día 9 a las 14, para designar al presidente y los miembros de la Comisión Investigadora, según lo prevé el artículo 94 de la Constitución local. 

Los funcionarios que serán enjuiciados políticamente son Bettina Castorino; Diego Jorge Mey Zuviría; María Celia Marsilli; Carlos Rosenfeld (Presidente); María Magdalena Iraizoz y Juan Sebastián D'Estéfano. 

Entre las acusaciones que les imputan a los Consejeros figuran una diferencia de 2 millones de pesos en el presupuesto de las refacciones en el edificio de Beruti y Coronel Díaz, donde se señaló que las deficiencias edilicias "son graves actualmente", según dijo el diputado Jorge Enríquez. 

Otra de las irregularidades que se le atribuyen a los integrantes del Consejo es el "enorme" incremento de personal temporario que, según un informe, de un presupuesto de 1 millón 692 mil pesos para 2004, se eleva a 6,5 millones para 2005. 

Además, en el año 2002 los anteriores consejeros, bajo la presidencia de Ocatavio Gauna, están imputados en una causa penal iniciada por la entonces diputada justicialista Alicia Pierini, por millonarios sobreprecios en la compra "sin licitación" de dos edificios. 

Los proyectos sancionados esta noche, uno por cada consejero, fueron aprobados tras una prolongada polémica donde los sectores del "kirchnerismo" (seis), el "ibarrismo" (dos) y del ARI (dos), junto al socialista Norberto La Porta y la "macrista" Paula Bertol optaron por la abstención. 

Lo hicieron luego de haberse opuesto al tratamiento "sobre tablas", votación en la cual sólo tuvieron 12 votos contra los 29 que habilitaron el debate esta noche. 

La sesión tuvo un agravante para los integrantes del Consejo de la Magistratura, al tomar hoy estado público la sentencia del juez Roberto Gallardo por el cual hizo lugar a un amparo para que se les rebajara los sueldos a aquellos consejeros que se los habían incrementado hasta 10 mil pesos. 

Los proyectos sancionados fueron firmados por diputados de diez bloques, entre ellos los dos bloques del "macrismo", el "zamorismo", oficial y disidente, Izquierda Unida y Autonomía Popular, que encabeza Beatriz Baltroc. 

El legislador justicialista Helio Rebot, de Compromiso para el Cambio, fue el encargado de fundamentar el pedido de "juicio político", porque dijo que "este Consejo tiene a su cargo un tercio del Presupuesto de la Justicia, sin tener un solo juicio a su cargo y tiene alrededor de 1.300 empleados, de los cuales 500 están en el Consejo". 

Y concluyó que le llamaba "poderosamente la atención de que hoy diputados que firman este proyecto quieren hoy postergar su tratamiento", en alusión a Ariel Schifrin, de Confluencia. 

El diputado Julio De Giovanni, del Partido de la Ciudad y presidente de la Comisión de Justicia, se opuso a que el tema se tratara sobre tablas, pero una vez que se habilitó igual el debate se retiró del recinto.