| LA
PLATA.– El Tribunal Federal N° 1, de esta capital, condenó ayer
a Miguel Etchecolatz, ex director de Investigaciones de la Policía
de la provincia de Buenos Aires, a la pena de reclusión perpetua
e inhabilitación perpetua “por delitos de lesa humanidad en el marco
del genocidio que tuvo lugar en la Argentina entre 1976 y 1983”.
La
lectura del veredicto fue interrumpida por incidentes registrados en la
sala: huevos, globos de pintura e insultos fueron lanzados desde el sector
del público hacia el condenado, que se puso de pie y besó
una cruz al oír la sentencia del tribunal.
El
ex comisario es el primer miembro de un organismo de seguridad que, despojado
del beneficio de las leyes de punto final y obediencia debida, afrontó
un juicio oral y público.
El
fiscal Carlos Dulau Dumm y los querellantes habían pedido, justamente,
la reclusión perpetua para el ex comisario general por encontrarlo
responsable de los delitos de homicidio agravado por ensañamiento
y alevosía, privación ilegítima de la libertad y tormentos.
La figura de “genocidio” incluida por el tribunal había sido solicitada
por la querella. Etchecolatz, de 77 años, es el segundo condenado
después de Julio Simón, alias el Turco Julián, por
crímenes cometidos durante el último gobierno de facto. La
calificación de genocidio no tiene antecedente.
"No
es este tribunal el que me condena. Son ustedes los que se condenan", dijo
el ex represor, que fue el principal colaborador del ex jefe de policía
entre 1976 y 1979 Ramón Camps, al pronunciar sus últimas
palabras antes de conocer el veredicto.
Así
se dirigió el ahora condenado a los integrantes del tribunal presidido
por Carlos Alberto Rozanski e integrado por Norberto Lorenzo y Horacio
Isaurralde.
"Yo
sé que me van a condenar y no van a tener vergüenza de condenar
a un anciano, enfermo, sin dinero ni poder", expresó el ex policía.
Hizo una breve pausa y siguió, con tono desafiante: "Pero, como
dijo Borges, ustedes no son el juez. El juez supremo nos espera después
de muertos".
Etchecolatz
miró a los ojos al presidente del tribunal y repitió: "Al
juez supremo, señor presidente le pido que sea benévolo con
todos nosotros [ ] Después de muerto yo, tendremos mucho de que
hablar".
Etchecolatz
ya había sido sentenciado a 23 años de prisión por
95 aplicaciones de tormento. El ex policía fue sentenciado, también,
a tres años de prisión por la apropiación de la menor
Carmen Sanz y a otros tres en una causa iniciada por el fallecido legislador
socialista Alfredo Bravo.
Ayer,
a las 16.50, Etchecolatz usó el beneficio de sus últimas
palabras antes de la lectura de la sentencia.
En
ese momento el público presente irrumpió con insultos y abucheos.
Ajeno a los epítetos, el ex colaborador de Camps, custodiado ayer
por diez policías y con un chaleco antibalas, se declaró
como un "prisionero de guerra y detenido político".
Sentado
en el banquillo de los acusados, Etchecolatz expresó: "Me asiste
la oportunidad de poder expresarme ante ustedes que son los jueces (...)
que son obedientes de los que mandan. Este juicio para mí, señor
presidente, ha sido instrumentado como un rompecabezas para niños
bobos". Y añadió: "Se me tomó a mí como participante
de una guerra que perdimos con las armas... que ganamos, perdón...
y que políticamente vamos perdiendo".
Justamente
en estos conceptos se sustentó el alegato de la defensa representada
por Luis Eduardo Boffi Carri Pérez y Adolfo Casabal Elías
para pedir la absolución del acusado; la validez de las leyes de
punto final y obediencia debida; la declaración de inconstitucionalidad
de la reforma de la Carta Magna de 1994 y -para el eventual caso de una
sentencia condenatoria- el beneficio de la detención domiciliaria.
Etchecolatz
perdió este beneficio en junio último, cuando el abogado
Alejo Ramos Padilla, representante de María Isabel Chorobik de Mariani,
denunció ante el Tribunal que había en la casa del ex represor
una pistola 9 mm.
Etchecolatz
volverá ahora a la cárcel de Marcos Paz mientras sus abogados
apelan la condena por privación ilegal de la libertad y torturas
en perjuicio de Nilda Eloy, Jorge Julio López y de homicidio agravado
en perjuicio de Nora Formiga, Elena Arce, Margarita Delgado, Patricia Dell
Orto, Alfonso De Marco y Diana Teruggi.
Además,
Jorge López, querellante en el juicio, desapareció hace dos
días, cuando iba a la audiencia. Representantes de organismos de
derechos humanos improvisaron anoche una rueda de prensa para denunciar
el hecho.
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