Business Software Alliance (BSA) ha presentado su nueva guía integral 'El Valor del Software', un documento (pdf) que resume la postura de la alianza en torno al uso del 'software legal', y ofrece al usuario información sobre licencias, gestión y auditoría, marco legal, responsabilidades legales en la empresa y los datos sobre 'piratería' de 'software'.

Según la propia BSA, "el objetivo de esta guía no es otro que el de concienciar acerca del delito informático e informar a los usuarios españoles de las ventajas que implica el uso de 'software' legal para el conjunto de la sociedad española". 

Además, la alianza se basa en los datos del estudio 'Expanding Global Economies: The benefits of Reducing Software Piracy', elaborado por la empresa analista IDC, que afirma que "el sector español de Tecnologías de la Información podría crecer un 67% en el periodo 2002-2006 si el índice de 'piratería' del 'software' se redujera en 10 puntos porcentuales, a un promedio de 2,5 puntos por año". 

Este incremento, informa la BSA en una nota, sería el más alto de los experimentados por cualquier otro país de Europa Occidental en una situación similar. 

Así, con ese crecimiento, durante los cuatro años mencionados, el PIB español se beneficiaría con 3.761 millones de dólares adicionales, sería posible crear más de 6.200 nuevos puestos de trabajo sólo en el sector tecnológico, la industria local de nuevas tecnologías conseguiría unos ingresos de 2.890 millones de dólares extras y la Administración lograría 520 millones de dólares adicionales en concepto de impuestos 

"La copia y distribución ilegal de 'software' repercute negativamente en el desarrollo del sector tecnológico e impide al Estado conseguir los necesarios ingresos, tanto en concepto de IVA como en otros impuestos indirectos, para poder transformarlos en inversiones de I+D", dice la BSA en su nota. 

Según el último estudio sobre piratería global del 'software', elaborado por la consultora IDC y presentado por BSA el pasado mes de Julio, el 44% del 'software' que se utilizó en España durante el año 2003 tuvo un origen ilegal, lo que se traduce en unas pérdidas de más de 421 millones de euros para la industria tecnológica local.